El sitio original entregado del APREC lo encuentra en: Atlas de Peligros y Riesgos del Estado de Colima

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El tema del riesgo dentro de la prevención de desastres ha sido tratado y desarrollado por diversas disciplinas que han conceptualizado sus componentes en la mayoría de los casos de manera similar. Un punto de partida es que los riesgos están ligados a actividades humanas. La existencia de un riesgo implica la presencia de un agente perturbador (fenómeno natural o generado por el hombre) que tenga la probabilidad de ocasionar daños a un sistema afectable (asentamientos humanos, infraestructura, planta productiva, etc.) en un grado tal, que constituye un desastre. Así, un movimiento del terreno provocado por un sismo no constituye un riesgo por sí mismo. Si se produjese en una zona deshabitada, no afectaría ningún asentamiento humano y por lo tanto, no produciría un desastre. Lo mismo sucede si no hay infraestructura útil para las personas.

En términos cualitativos, se entiende por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de daños, pérdidas o efectos indeseables sobre sistemas constituidos por personas, comunidades o sus bienes, como consecuencia del impacto de eventos o fenómenos perturbadores. La probabilidad de ocurrencia de tales eventos en un cierto sitio o región constituye una amenaza, entendida como una condición latente de posible generación de eventos perturbadores.

En forma cuantitativa se ha adoptado una de las definiciones más aceptadas del riesgo, entendido como la función de tres factores: la probabilidad de que ocurra un fenómeno potencialmente dañino, es decir el peligro, la vulnerabilidad y el valor de los bienes expuestos.

Según las Nuevas Reglas de Operación del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN) se define al Atlas de Riesgos: al sistema integral de información sobre los fenómenos naturales perturbadores y sus daños esperados, resultado de un análisis espacial y temporal sobre la interacción entre los peligros, la vulnerabilidad y el grado de exposición de los sistemas afectables. Se integra con la información a nivel nacional, estatal, municipal y de localidades según corresponda. Consta de información histórica, bases de datos, sistemas de información geográfica y herramientas para el análisis y la simulación de escenarios, así como la estimación de pérdidas por desastres. Por la naturaleza dinámica del riesgo, deberá mantenerse como un instrumento de actualización permanente.[1]

En este proyecto se realiza un diagnóstico integral del estado de Colima, considerando las condiciones del medio físico natural y el medio social en relación con los fenómenos naturales que inciden en esta región occidente. Se realiza un análisis de los principales fenómenos naturales que han impactado al estado y un recuento histórico de su ocurrencia, así como una descripción de las principales amenazas antropogénicas originadas por el tránsito, transporte y almacenamiento de sustancias químicas, el desarrollo de infraestructura y la interacción con el ambiente que provoca el inicio, y el progreso de enfermedades en la entidad.

De igual forma se describen las herramientas informáticas, geográficas y de percepción remota que se utilizaron en el desarrollo del sistema de Información geográfica indispensable en la generación del Atlas de Peligros y Riesgos.

[1] Esta misma definición con algunas variantes es la que da el Sistema Nacional de Protección Civil.


 

MARCO DE REFERENCIA

El estado de Colima es una región de alta sismicidad y vulcanismo activo, expuesta a fenómenos hidrometeorológicos, riesgos por deslizamiento de rocas y suelos y riesgos biológicos y químicos, además de exposición a otros fenómenos de carácter antropogénico.

Su orografía ha propiciado que el 90% de la población habite sobre llanuras y valles que constituyen casi el 40% de la extensión territorial, y el restante 10% de la población se encuentra distribuida en el 60% del territorio que constituyen sierras, lomeríos y mesetas.

Debido a sus contrastes topográficos, se registra gran variabilidad térmica desde la costa hasta la parte más alta del Volcán de Fuego de Colima, excepto en el verano, cuando las diferencias en las temperaturas máximas entre las regiones son pequeñas. El clima dominante es semiárido con una precipitación anual promedio de 958 mm bajo un régimen predominante de verano. Los lomeríos y la región norte, en las inmediaciones del volcán, son las áreas que reciben precipitaciones más elevadas. Las condiciones climatológicas y geográficas son factores que han propiciado el crecimiento urbano en esta región, mientras que en Manzanillo y Tecomán aunque son menos favorables, no han impedido el desarrollo urbano basado en su potencial económico.

El aporte de los tres ríos principales (Armería, Coahuayana y Marabasco) y las cinco subcuencas, dan un ingreso anual de agua, tanto por escorrentías superficiales y subterráneas como por precipitación, que hace que el balance hídrico anual sea potencialmente suficiente para satisfacer las demandas de uso ecológico y antropogénico. Sin embargo, no se tienen sistemas de almacenamiento y aprovechamiento adecuados, ya que más de una tercera parte se pierde hacia el mar, y la utilizada en actividades agrícolas es contaminada por el uso intensivo de agroquímicos. Este aspecto incide en la calidad ecológica, que presenta índices de bajos a muy bajos en casi 60% del territorio, que aunado a la erosión producto de la orografía contrastante, la deforestación, el desarrollo de asentamientos urbanos en valles, llanuras y lomeríos, y bajos incentivos económicos han contribuido a la disminución de la participación del sector agropecuario en el PIB estatal. Además, existen otros factores que contribuyen a disminuir el índice de calidad ambiental entre ellos la contaminación por agroquímicos de suelo y atmósfera, así como las prácticas de cultivo tradicional consistente en la roza, tumba y quema. En términos de contaminación ambiental se le agrega la quema de cañaverales en el norte del estado para la producción azucarera. Sólo el 2% del territorio tiene un índice de calidad ecológica muy alto.

La población estatal en el año 2010 fue de 650,555 habitantes[1]. Esta se distribuye en diez municipios con 1,112 localidades de las cuales ocho son mayores de diez mil habitantes.

La población y las actividades económicas más importantes del estado se concentran en tres Unidades Territoriales Básicas cuyos centros son Colima-Villa de Álvarez, Tecomán y Manzanillo, vinculados por un eje carretero que une a la entidad con el resto del país y sirve para el tráfico de gran parte de las mercancías portuarias y la producción agrícola e industrial del Estado. El sistema principal de comunicaciones se complementa por una red de numerosos caminos rurales que tiene una conformación radial a partir de la capital de la entidad hacia los principales centros urbanos y cabeceras municipales. El resto de las localidades se encuentran favorablemente ubicadas en el sistema de enlaces con distancias no mayores a 2 horas de viaje entre localidades extremas, lo que en general propicia índices de accesibilidad media-alta entre localidades con respecto a su lugar central.

El puerto de Manzanillo es uno de los más importantes del Pacífico mexicano por el volumen de tráfico de mercancías. Además ofrece servicios marítimos enfocados al turismo, sin embargo, este crecimiento trae consigo el aumento en el almacenamiento y transporte de sustancias químicas que eleva el riesgo de la población.

La red ferroviaria actual, formada por líneas troncales y ramales, secundarias y particulares, y vinculada principalmente con el puerto, suma una longitud aproximada de 233 km y es únicamente para el transporte de mercancías.

Los servicios médicos se ubican entre los primeros lugares a nivel nacional en cuanto a cobertura del primer nivel de atención. La cobertura en el segundo y tercer nivel de atención aún no satisface por completo las necesidades locales; para estos servicios se recurre al traslado de pacientes hacia otros estados.

Las condiciones físicas del estado determinan en buena medida su crecimiento futuro. Sin embargo, la incidencia de fenómenos naturales obliga a regular el aumento poblacional, y poner mayor énfasis en un desarrollo sustentable de las ciudades considerando las reservas naturales y ecológicas disponibles. El crecimiento del Puerto de Manzanillo, la ciudad de Tecomán, y la conurbación de las ciudades de Colima, Villa de Álvarez, Comala, Cuauhtémoc y Coquimatlán, podrá traer beneficios económicos pero se deberán tener en cuenta la consecuencias que esto puede tener si se siguen afectando las condiciones de fragilidad y calidad ecológica del territorio aunado al aumento de la vulnerabilidad y exposición de la sociedad ante la ocurrencia de fenómenos de origen natural y antropogénico.

[1] (INEGI, 2010). http://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/proyectos/bd/consulta.asp?p=17118&c=27769&s=est#


 

Marco Legal y Organizativo

Uno de los antecedentes de los Atlas de Riesgos fueron las Bases para el Establecimiento del Sistema Nacional de Protección Civil del año1986, elaborado por la Comisión Nacional de Reconstrucción, y que fue un intento de identificar las fuentes potenciales de peligros en el país con fines de protección civil.

En el año de 1991, la Secretaría de Gobernación publicó una primera versión general del “Atlas Nacional de Riesgos”. Diez años después, en 2001, publicó el “Diagnóstico de Peligros e Identificación de Riesgos de Desastres en la República Mexicana” elaborado por el CENAPRED. En 2004 CENAPRED publicó la Guía Básica para la Elaboración de Atlas Estatales y Municipales de Peligros y Riesgos, de la que hizo una versión mejorada en el 2006. A partir de ese momento y con base en esta metodología, durante los últimos años varias entidades federativas han elaborado sus respectivos Atlas y otras se encuentran en proceso de desarrollo[1].

Desde el año 2003 la SEDESOL como instancia del gobierno federal encargada entre otras acciones del ordenamiento territorial, ha impulsado acciones que suspendan las malas prácticas de ocupación del suelo y disminuyan la vulnerabilidad de la población ante los efectos destructivos de los fenómenos naturales. A través del Programa de Prevención de Riesgos en los Asentamientos Humanos se ha apoyado a los gobiernos locales para obtener recursos dirigidos a la identificación y reducción de riesgos[2].

En el año de 2006, la Universidad de Colima obtuvo un proyecto a través de los Fondos Mixtos CONACYT-Gobierno del Estado de Colima, titulado Catálogo de Riesgos en el Estado de Colima, zonificación y análisis de las principales amenazas naturales y antropogénicas y estudio de vulnerabilidad de edificaciones esenciales, mismo que fue terminado en el 2008.[3] Este proyecto sentó las bases para la realización del Atlas de Peligros y Riesgos en el Estado de Colima.

El 23 de diciembre del 2010, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se establecen las Reglas de Operación del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales (Reglas FOPREDEN),[4] normativa que dio forma definitiva a la serie de opiniones e ideas expresadas por los miembros del Sistema Nacional de Protección Civil en diferentes foros y comunicaciones, a propósito del cuestionamiento fundamental sobre el rumbo hacia dónde debía reorientarse la vocación preventiva y, por lo tanto, las acciones que este instrumento apoyase.

Con esta publicación, a diferencia de su antecedente inmediato que giraba alrededor del equilibrio entre la acción preventiva y la reactiva, se fortaleció la intervención gubernamental en todos sus órdenes y sectores con una visión más avanzada del universo que comprende el quehacer de la Protección Civil: la Gestión Integral del Riesgo.

Con esto, la Gestión Integral del Riesgo, rompió en forma paulatina con aquel paradigma ya obsoleto en el que preponderaba el desastre y sus consecuencias como centro de todos los esfuerzos, colocando en ese mismo lugar al Riesgo, respecto del cual se conviene que su gestión debe iniciar justo desde el momento en que empiezan a aparecer los distintos elementos que propiciarán su formación y nacimiento -y en donde se admite que es construido socialmente-, siguiendo por el conjunto de fases de maduración que desembocan, en su caso, en la materialización de la emergencia y el desastre, para finalizar con las etapas que comprenden la recuperación y reconstrucción.

Este instrumento tiene como objetivo revitalizar las iniciativas dirigidas a prevenir los desastres, buscando desde luego hacer eficiente el aprovechamiento de los recursos financieros disponibles y magnificar los resultados ligados principalmente a la preservación de la vida e integridad física de las personas, así como la de los servicios e infraestructura pública y el medio ambiente.

El FOPREDEN señala que para solicitar un proyecto preventivo las Entidades Federativas deberán contar (además de una serie de requisitos) con un Atlas de Riesgos Vigente. En el caso de no contar con este instrumento, la Entidad Federativa invariablemente deberá preverlo como primer proyecto a solicitar con cargo a los recursos del FOPREDEN.

Como el estado de Colima carecía de este instrumento, éste fue el primer proyecto a someter ante la instancia FOPREDEN.

La nueva Ley General de Protección Civil de México, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2012, en su Capítulo I, Artículo 2, Inciso IV, define al Atlas Nacional de Riesgos como un sistema integral de información sobre los agentes perturbadores y daños esperados, resultado de un análisis espacial y temporal sobre la interacción entre los peligros, la vulnerabilidad y el grado de exposición de los agentes afectables.[5] Asimismo, el Artículo 86 señala que tanto el Atlas Nacional de Riesgos como los respectivos Atlas Estatales y Municipales de Riesgos, deberán establecerse los diferentes niveles de peligro y riesgo, para todos los fenómenos que influyan en las distintas zonas. Dichos instrumentos deberán ser tomados en consideración por las autoridades competentes, para la autorización o no de cualquier tipo de construcciones, obras de infraestructura o asentamientos humanos.[6]

A raíz de la reforma a la ley de Protección Civil para el Estado de Colima, del 22 de septiembre de 2012[7], quedó establecido en el Artículo 17, dentro de las atribuciones de los Ayuntamientos, numeral XIX, “Promover y apoyar la elaboración, actualización y edición del Atlas Estatal de Riesgos”. Por su parte, el Artículo 31, al hablar de las atribuciones del Consejo Estatal, como órgano consultivo señala en su numeral XIII la de “Promover y apoyar la elaboración, actualización y edición del Atlas Estatal de Riesgos”; Asimismo, el Artículo 53, al hablar de las competencias de la UEPC, señala en su numeral III la de “Elaborar y actualizar el Atlas Estatal de Riesgos identificando los riesgos que se presentan en la entidad”. El Artículo 55, al hablar de las atribuciones del Director  General de la UEPC, señala en su numeral 11, la de “Formular, difundir y mantener actualizado el Atlas Estatal de Riesgos, así como los programas especiales que se requieran de acuerdo con los riesgos identificados en el Estado”. Finalmente, el Artículo 67 de la citada Ley, señala que “es obligación de cada uno de los Ayuntamientos establecer el SIMPROC (Sistema Municipal de Protección Civil), con el objeto de identificar y diagnosticar los riesgos a que está expuesta la población, elaborando y actualizando el Programa Municipal y el Atlas de Riesgos; así como propiciar la prevención y organizar el primer nivel de respuesta ante situaciones de emergencia o desastre”.

Dotado de este marco legal es que la elaboración del Atlas de Peligros y Riesgos en el Estado de Colima pudo ponerse en marcha.

Los trabajos del APREC dieron inicio el 15 de noviembre de 2012, en apego estricto a la normatividad establecida en las Reglas de Operación del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales, publicadas en el DOF el 23 de diciembre de 2010, y acordadas en el Contrato de Prestación de Servicios celebrado entre la Universidad de Colima (UDC) y la Unidad Estatal de Protección Civil (UEPC).

Las herramientas actuales para el manejo de información, así como los avances logrados en la identificación del peligro y el desarrollo de modelos para su representación, han permitido cambiar el enfoque tradicional de un Atlas de Riesgos, de ser una colección de mapas, a un sistema integral de información que logre evaluar el riesgo de desastres a diferentes niveles y escalas, que permita la realización de simulaciones y escenarios, y algo muy importante, que pueda ser actualizado fácilmente y se mantenga vigente.

[1] CENAPRED, 2006.

[2] (SEDESOL, 2012).  http://www.inapam.gob.mx/en/SEDESOL/SICGAP. Consultado, martes 10 de junio de 2014

[3] (Bretón, et al., 2011). Catálogo de Riesgos en el Estado de Colima, zonificación y análisis de las principales amenazas naturales y antropogénicas y estudio de vulnerabilidad de edificaciones esenciales, en: El impacto de los Fondos Mixtos en el Desarrollo Regional

[4] Los siguientes párrafos están basados en la información de las Reglas de Operación FOPREDEN, en: (FOPREDEN, 2013). http://www.proteccioncivil.gob.mx/es/ProteccionCivil/Reglas_de_Operacion_FOPREDEN_2010_ Consultado, jueves 27 de febrero de 2014.

[5] (DOF, 2012), en en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPC_030614.pdf 

[6] Idem

[7] (H. Congreso del Estado de Colima, 2012).  Última reforma, Decreto no. 618, P.O. 46, Supl. 3, del 22 de septiembre de 2012.